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El último en sumarse a la lista de partidos que apoyaron el proyecto elaborado por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires fue Ituzaingó. De esta manera crece la oposición a la llegada de la empresa, que pretende modificar la ley que regula la actividad en el territorio bonaerense para instalarse.

Desde el 2012 Farmacity presiona por extender su imperio a las afueras de la Capital Federal. Luego de varias presentaciones judiciales que fueron rechazadas, el expediente iniciado por la multinacional para que se modifique la ley que le prohíbe su establecimiento, reposa hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de una decisión final.

Mientras tanto desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y sus filiales siguen dando batalla. Hace pocos días, los concejales del HCD de Ituzaingó aprobaron un proyecto de resolución apoyando la lucha de aquellos que conciben los medicamentos como un “bien social”.

En diálogo con SN Online, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, Elena Pott, destacó que en estas últimas dos comunas ya dieron su visto bueno al documento, mientras que en Morón sigue sin debatirse.

“Allí en un principio fue rechazado, ni siquiera lo tocaron. Pero ahora estamos charlando con la gente del Municipio y nos dijeron que van a reverlo, así que la idea es ir sumando más apoyos. En La Matanza, Lomas de Zamora y otros partidos del interior también lo aprobaron”, explicó.

Asimismo, Pott contó que, en el marco del plan de lucha lanzado, colocaron una farmacia móvil frente al edificio de la Corte Suprema que se encuentra todos los jueves de 10.30 a 14.30 con farmacéuticos distribuyendo folletos, tomando la presión y haciendo visible el reclamo.

La importancia de instalarse frente al máximo tribunal judicial reside en que hoy la causa está en manos de tres de los cinco jueces de la Corte. Eso se debe a que dos de ellos debieron excusarse por conflicto de intereses.

Uno de ellos es Carlos Rosenkrantz, abogado litigante de Farmacity, en una demanda que también lleva la firma de Mario Quintana, en ese entonces presidente de la cadena, de la que formalmente se desvinculó cuando asumió como vicejefe de Gabinete de la actual gestión.

El otro juez que tuvo que dar un paso al costado fue Horacio Rosatti, quien cuando era ministro de Justicia tenía como asesora a Andrea Gualde, hoy directora de asuntos jurídicos de Farmacity: “Ellos eran arte y parte de esto. Esperemos que ahora tomen una decisión. No sabemos cuándo va a salir su dictamen, pero esperemos que sea a favor nuestro”.

Una norma ejemplar

La ley que se encuentra en el centro de la escena es la 10.606. Una norma con 30 años de antigüedad que regula la actividad farmacéutica en el territorio bonaerense y cuyos artículos son la única barrera para que existe para que Farmacity no extienda sus negocios por fuera de CABA.

La ley fija que entre una farmacia y otra tiene que haber una distancia mínima de 300 metros y una densidad poblacional de 3.000 mil habitantes por cada local que se habilita. Además, establece que sólo pueden instalarla las sociedades del tipo SRL, en comandita simple o por propietario farmacéutico.

“De esta manera se asegura que se priorice la salud sobre lo económico. Nosotros tenemos una ley que es sanitarista y modelo a nivel mundial. Ellos quieren modificarla para instalarse en lugares céntricos, no van a ir a la periferia, sino donde les convenga económicamente y haciendo imposible la competencia”, concluyó.