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La Confederación Farmacéutica dijo que se negó a sancionar a la empresa

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) denunció ante la justicia penal a un alto funcionario del Ministerio de Salud por la supuesta protección que le habría brindado a Farmacity , la empresa que fundó y dirigió el actual vicejefe de Gabinete, Mario Quintana , uno de los colaboradores más cercanos a Mauricio Macri. La denuncia implica al secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio, Raúl Alejandro Ramos, tras considerar que cajoneó expedientes y se negó a sancionar a Farmacity por violar regulaciones del sector.

La denuncia recayó en manos del juez federal Sebastián Ramos, quien deberá enviarle la presentación a la fiscal Paloma Ochoa, para que evalúe si impulsa la investigación. Si así lo hace, pedirá las primeras medidas de prueba tendientes a verificar la supuesta protección, que para la COFA pudo darse por "presiones políticas, cohecho o cualquier otro acto irregular".

Con la firma de su presidenta, María Isabel Reinoso, la confederación que reúne a las farmacias de todo el país requirió a la Justicia que investigue si Ramos protegió a Farmacity por iniciativa propia o contó con algún "cómplice primario o secundario o instigador" de los delitos de abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ante una consulta de LA NACION, en Farmacity negaron un trato diferenciado o protección política; por el contrario, estimaron que recibieron multas por más de $ 400.000 durante la actual gestión, que le inició más de 100 sumarios. En el Ministerio de Salud también negaron cualquier ilícito e indicaron que sólo podrían dar respuestas cuando se les notificara la denuncia.

La COFA centró su acusación en lo ocurrido en el expediente 1-2002-15328-14-4 delMinisterio de Salud , que se inició tras una inspección a un local de Farmacity, en julio de 2014, y la apertura de un sumario por infracciones detectadas.

Un año después, la Dirección de Sumarios del Departamento de Faltas Sanitarias emitió su informe 70/15. Allí indicó que correspondía aplicarle dos multas por un total de $ 60.500, que se sumaban a otras multas en trámite contra Farmacity en otros expedientes. Tras la salida del kirchnerismo y el arribo de Macri a la Casa Rosada, el expediente sancionatorio siguió su curso, hasta el punto que el 15 de febrero de 2017, la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización envió a Ramos el proyecto de resolución para sancionar a Farmacity.

"Desde entonces, durante casi dos meses no se produjeron novedades. No se dictó la resolución propiciada ni ninguna otra", denunció la COFA. Pero el 5 de abril se presentó una apoderada de Farmacity en el expediente, para lo cual aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como presidente de la empresa. Farmacity pidió que no la sancionaran o que, de aplicarle alguna multa, al menos procedieran a la "eximición de las tablas de rigor" y le impusieran un monto más benévolo.

En mayo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio reafirmó su posición de sancionar a Farmacity. Pero el expediente volvió a paralizarse. Hasta que el 18 de julio, en vez de firmar una sanción contra Farmacity, Ramos devolvió el expediente para su archivo o guarda. En palabras de la COFA, "a una especie de «vía muerta»".

Ante ese cuadro, la COFA consideró que Ramos habría cometido los delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, que imponen multa e inhabilitación al funcionario que "ilegalmente omitiera, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".