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El Colegio de farmacéuticos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham reclamó ante los Tribunales contra el desembarco de la firma Farmacity en la provincia porque aseguran “es un avasallamiento de las leyes provinciales y perjudicaría el acceso al medicamento”.

Farmacéuticos de Hurlingham se movilizaron ayer 12 de octubre (Día del Farmacéutico) a la calle Talcahuano al 500 en Capital Federal, sede de los Tribunales donde trabajan los jueces de la Corte Suprema de Justicia para reclamar que se respete las leyes que garantizan el actual modelo sanitario de la red de farmacias.
La convocatoria del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires apunta directamente contra la empresa Farmacity. Los farmacéuticos exigen que se mantenga la decisión que a través de los fallos sucesivos de la Justicia bonaerense denegaron la autorización a dicha empresa para poder operar en la provincia.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, Elena Pott, explicó que “Esta acción es en defensa de nuestra profesión” y consideró de “suma importancia motivar a los miembros de la Corte Suprema a sostener los fallos de la justicia bonaerense y no innovar en esta situación, a pesar de la queja elevada por la empresa Farmacity”.
Elena Pott opinó que “una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia que debe existir entre cada oficina de farmacia en toda la provincia de Buenos Aires”.
Por su parte María Isabel Reinoso, presidenta de la COFA y del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, comentó: “En el año 2012 Mario Quintana (ex co-fundador y titular de Farmacity, actual accionista y Coordinador de Gabinete de Mauricio Macri),) inició una demanda a la provincia de Buenos Aires para poder instalar farmacias cuestionando dos artículos”.
“Después de haber perdido en todas las instancias, la Corte vino en queja y pidió los expedientes a La Plata para poderlos revisar”, continuó. Y agregó: “Las cuestiones de salud y el ejercicio de las profesiones se dirimen en las provincias y abrazamos a esta Corte para que ratifique todo lo defendido por el fiscal y lo que dictaminaron”.
“Si se instalan solamente en las arterias principales o en un pueblo alrededor de una plaza, la gente tiene que hacer kilómetros para acceder a un medicamento”, opinó. Para cerrar, detalló: “Es un costo de bolsillo inmensurable para cada uno de los 16 millones de bonaerenses, más allá de las fuentes de trabajo de 4500 farmacias que damos servicio todos los días las 24 horas”.

EMBESTIDA DE FARMACITY
Por su parte la firma Farmacity salió a pedir públicamente en una solicitada que María Eugenia Vidal la habilite a desembarcar en la provincia de Buenos Aires, donde están vedados por una ley que prohíbe las sociedades anónimas en el rubro.
“Nos gustaría llevar a cabo nuestra tarea en la provincia de Buenos Aires, pero una ley sancionada hace 30 años nos lo impide. Estamos convencidos de que la comunidad se beneficia en su atención farmacéutica con más y no con menos opciones”, señaló Farmacity.

RECLAMO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Por su parte el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, reclamó que todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia se excusen de seguir la causa por el posible desembarco de Farmacity en la Provincia, al considerar que puede existir un conflicto de intereses.
“Nos oponemos a que la Corte reabra la causa por la que Farmacity busca instalarse en territorio bonaerense pasando por alto las leyes, y consideramos que todos los jueces deberían apartarse, ya que se trata de una situación atravesada por múltiples intereses que podría provocar un verdadero escándalo institucional”, sostuvo Lorenzino.
El Defensor del Pueblo hizo referencia a que el juez del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, fue abogado de la firma, por lo que no sólo su excusación sino la del resto de los miembros “debería tomarse como una medida preventiva ante posibles decisiones que pudieran comprometer la dignidad del cargo”.

También puso sobre la mesa el caso del vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Mario Quintana, quien fuera fundador y titular del fondo de inversión Pegasus, dueño de la empresa. “Son dos los funcionarios de máxima responsabilidad institucional con relación directa en el caso”, expresó Lorenzino.
Esta postura tiene que ver con la presentación del organismo en la causa como amicus curiae, una figura que apunta a generar una mayor y mejor intervención de los actores sociales, con el fin de pluralizar y enriquecer el debate constitucional y fortalecer las decisiones jurisdiccionales de trascendencia institucional.
“Consideramos que las sentencias en juzgados provinciales contra la intención de Farmacity determinan que el hecho se trata de una cuestión local que no presentan requisitos para la intervención de la Corte”, precisó Lorenzino, quien agregó que en la Provincia la ley “prevé un sistema de farmacia que garantiza en el suministro de medicamentos con disponibilidad, seguridad, eficacia y expedidos por profesionales autorizados”.
Además, en esta actuación el Defensor del Pueblo pidió que, en caso de que el máximo tribunal decida abrir la causa, se convoque a una audiencia pública para que sea debatida, de modo que se garantice el derecho a la información y a la participación de los sectores que puedan verse afectados”.