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La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública informativa para determinar si es constitucional un artículo de la Ley provincial que regula la actividad farmacéutica en territorio bonaerense, tras una presentación judicial de la empresa Farmacity y la elevación que la Procuración hizo meses atrás para resolver la cuestión legal de fondo.

La convocatoria, resuelta este martes tras una reunión de ministros, es para el próximo 29 de agosto a las 10.

La Corte estableció además un plazo de 30 días para la participación de Amigos del Tribunal a los fines de que efectúen presentaciones de carácter jurídico, técnico o científico relativas al tema. La empresa inició una acción judicial con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 14° de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires, que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos, prohibiendo la venta de medicamentos fuera de ellos.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró constitucional el artículo 14 de la ley e inoficioso pronunciarse acerca del 3°, por lo que la empresa recurrió al máximo tribunal de Justicia del país.

Farmacity busca desembarcar en territorio bonaerense desde hace tiempo, ante la resistencia del sector farmacéutico que advierte que su presencia sería ilegal. La cadena de fondos mexicanos fue manejada a partir de 2009 por el actual vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien se encuentra imputado en otra causa por presunta “corrupción”, al ser acusado de “falsedad ideológica y omisión en sus declaraciones juradas”.

Quintana fue fundador de Farmacity y estuvo al frente de su directorio hasta noviembre de 2015, cuando el entonces electo presidente Mauricio Macri lo nombró en el Gabinete. Sin embargo, el funcionario fue acusado de favorecer a la empresa desde su cargo.

Farmacity no puede entrar en la Provincia porque la Ley no permite sociedades anónimas, ni venta de artículos que estén por fuera del mercado farmacéuticos (exceptuando los de perfumería). Sin embargo, ya llegó a 14 distritos de la Argentina.

No es la única cadena. El mismo Colegio de Farmacéuticos que milita en contra de esta cadena avala en la zona a la Central Oeste. Si bien no es una SA, comprende varios razones sociales, con un común denominador: la familia schwarzer.

Esta firma nació con una farmacia de barrio y se extendió a 20 sucursales en la Zona Oeste, principalmente en las áreas centrales de Morón, Haedo y Castelar. Pero también está en Ramos Mejía, Ituzaingó, Padua y Hurlingham y San Miguel.

Según la misma que ley que rechaza a Farmacity, los socios no podría tener más de tres sucursales a su nombre, ni establecerse a menos de 300 metros de otro establecimiento. La llegada de una cadena más fuerte atenta más contra este oligopolio local que contra las farmacias de barrio, que ya estaban golpeadas.

El fuerte lobby de Farmacity tuvo una poderosa resistencia política también. Municipios como Hurlingham e Ituzaingó ya salieron a “prohibir”, si es que esto se puede, su llegada, mientras que el massismo lideró en la Cámara Baja bonaerense un proyecto para modificar la Ley y evitar que una empresa de capitales extranjeros pueda entrar al sector.

La gobernadora, María Eugenia Vidal, esperará a que la Corte se expida antes de legitimar este cambio o avalar su arribo.

Si Farmacity cuenta con voz y voto de Quintana, aún cuando vendió la mayor parte de sus activos, la Central Oeste tuvo “importantes aportes” durante su gestación. Los mismos que dejaron trascender este dato, dicen en público que es una empresa “absolutamente ética”. En todo caso hacen causa común. A ninguno le conviene el desembarco de un pez más gordo. Y a los intendentes que están cerca de la Central tampoco. Como mínimo, sacarán una tajada política.

Farmacity tiene preparado su desembarco, con dos locales de Simplicity en Morón y en Tesei. Pero ahora deberá explicar su posición en una audiencia pública. Filtros, resistencias y una lupa que por supuesto no tuvo la Central Oeste.